Ha sido publicado en el B-O.E de 13 de julio de 2010 el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro. El texto no ha dejado indiferente a nadie; por un lado, en relación a los órganos de gobierno de la Cajas, hay quienes piensan que este Real Decreto-Ley "no cambia practicamente nada" (al respecto el profesor ALFARO), con la salvedad del reconocimiento de determinados derechos a los titulares de las cuotas participativas (así véase nueva redacción del artículo 7.4 de la Ley 13/1985); y por otro lado, hay quienes muestran su total disconformidad como muestra la reacción de determinados sindicatos (según informa Expansión) que han instado, ante el Tribunal Supremo, la solicitud de que el Decreto-ley no entre en vigor, sobre la base de que estas medidas suponen el inicio del camino hacia la privatización de las Cajas. Lo que indiscutible - en eso parecen coindir todos - es que la reforma ha sido llevada a cabo, una vez más, con gran precipitación.
La necesidad de adoptar medidas no justifica las constantes y precipitadas reformas legislativas que, lamentablemente, se están llevando a cabo en los últimos tiempos. No se están elaborando instituciones juridicas de forma adecuada: observese como están siendo reformadas figuras como los Sistemas Institucionales de Protección, sin la debida reflexión (el artículo 8 de la Ley 13/1995, ha sido reformado dos veces en menos de tres meses). Se está utilizando la figura del Real Decreto-Ley, justificándolo por razones de urgencia, pero omitiendo el debate politico, la reflexión de los expertos y la opinión de los sectores afectados.
Concecuencias : imprecisiones técnicas, reformas sin profundidad, reajustes de normas recientes .....
No vamos por buen camino.
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